Si hay algo que Cristina Fernández de Kirchner disfruta cada vez que viaja a El Calafate es apreciar el Glaciar Perito Moreno. La mayoría de sus fines de semana los pasa recluida allí, con su marido. "Junto con las Cataratas de Iguazú, son los dos atractivos más importantes de la Argentina, hay que cuidarlos", se la escuchó decir hace unos días en Misiones. Sin embargo, cuando los compromisos apremian, el placer queda de lado. En una maniobra casi inesperada, la Presidenta decidió esta semana vetar la ley 26.418 de protección de los glaciares que el Congreso sancionó por amplia mayoría el 22 de octubre pasado.
A través del decreto 1837/08, publicado el 10 de noviembre en el Boletín Oficial, Cristina Kirchner rechazó la norma que impulsaba la creación de un inventario nacional de Glaciares, que significan un 75% de la reserva hídrica. Para dar un ejemplo, el Perito Moreno tiene un frente de 5 kilómetros de longitud y más de sesenta metros de alto, una superficie similar a la de Capital Federal.
La ley 26.418 prohibía que en los hielos y en su entorno se realicen actividades que puedan afectar su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, como por ejemplo la exploración y explotación minera o petrolífera.
Sobre este tema, el geólogo Jorge Rabassa, experto del laboratorio de Geología del Cuaternario del Caddic-Ushuaia e investigador del Conicet, le explicó a Críticadigital que el veto "parece estar hecho a medida de las mineras. En especial las que extraen oro de los glaciares de alta montaña como Barrick Gold. Estas explotaciones traen contaminación de las aguas por el cianuro que se usa para separar el mineral, indispensable para los agricultores en zonas donde el riego es primordial como Mendoza, La Rioja y San Juan".
En ese sentido, Barrick Gold tiene dos proyectos millonarios para la extracción de oro de la Cordillera de Los Andes. Se trata de las excavaciones de Pascua Lama, compartida por San Juan y Chile, y en Famatina, La Rioja.
Según el texto del decreto-veto, la Secretaria de Minería dependiente del Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido, entiende que una ley Nacional “no puede fijar prohibiciones absolutas, sino establecer parámetros mínimos que las provincias cumplirán pudiendo determinar mayor rigidez aún, de acuerdo a su especial situación ambiental”.
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